viernes, noviembre 03, 2006

EL FMI Y ARGENTINA

¿Cuál fue la tan cacareada responsabilidad del FMI en la crisis económica de Argentina?


EL PAPEL DEL FMI EN LA CRISIS ARGENTINA

Es cierto que el Fondo Monetario Internacional comparte la responsabilidad por la difícil situación en la que se encontró (se encuentra) inmersa Argentina.

El historial de préstamos del FMI a Argentina muestra un casi continuo apoyo financiero acompañado de recomendaciones acerca de políticas a realizar. Si bien algunas de estas politicas hubieran ayudado a liberalizar la economía, la mayoría de ellas entorpeció el crecimiento económico y fomentó el riesgo moral.

Después de casi dos décadas de poliíticas erróneas y de una financiación casi continua, el Fondo fortaleció el poder de los intereses políticos en perjuicio del crecimiento económico.

Consideremos los siguientes hechos relacionados con el apoyo del FMI a Argentina:

* Desde el año 1983, Argentina ha firmado siete acuerdos de tipo "stand by", dos acuerdos de la Unidad de Extensión de Fondos del FMI y dos renegociaciones de los préstamos del FMI que alcanzan un total de 24.117 millones de DEG (derechos especiales de giro) o casi 30.600 millones de dólares.

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* Acuerdos de préstamos entre Argentina y el FMI han tenido lugar continuamente en los 18 años comprendidos entre 1983 y 2001, salvo en dos años, entre 1986-1987 y 1988-1989. Todos los préstamos estuvieron a disposición del país ininterrumpidamente, independientemente de que el país estuviera atravesando una crisis o no.

* En cada programa, el FMI aconsejaba seguir políticas que retardaban la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. Cada acuerdo con el FMI, por ejemplo, exigía a la Argentina equilibrar su presupuesto fiscal mediante el aumento de impuestos. El incremento en los impuestos entorpecía la actividad económica y alentaba la evasión impositiva, agravando cada vez más el desequilibrio fiscal que las recomendaciones supuestamente debían reseolver.

* Argentina rara vez puso en marcha las reformas de políticas exigidas por el FMI a cambio de los acuerdos de crédito. Por ejemplo, cada acuerdo con el FMI requería que el gobierno argentino recortara el gasto gubernamental para ayudar a equilibrar el presupuesto fiscal.
Desde 1989, sin embargo, el gasto de Argentina creció del 9,5 por ciento al 22,3 por ciento del PIB.

Solamente con los ingresos masivos de capital provenientes de la privatización el gobierno pudo lograr un superávit fiscal.

Una vez finalizada la privatización, nuevamente se produjo un déficit fiscal. A pesar de la amplia evidencia del incumplimiento de la Argentina con respecto a las exigencias de reformas, el FMI le siguió otorgando préstamos cada vez mayores.

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La financiación del FMI a la Argentina se ha invalidado a sí misma y ha sido un fracaso total.

El último paquete del Fondo para Argentina, antes de la explosión social de 2001, es un buen ejemplo, una vez más el gobierno argentino había intentado terminar la recesión aplicando la política equivocada: el aumento de los impuestos.

Los esfuerzos del gobierno resultaron infructuosos e incrementaron el escepticismo entre los inversores acerca del compromiso o capacidad del presidente de la Rúa para llevar a cabo las reformas y restablecer el crecimiento.

En combinación con las dudas acerca de la capacidad de Argentina para cumplir con los inminentes pagos de la deuda, este escepticismo precipitó la crisis financiera ocurrida en noviembre y diciembre del año 2000. El FMI negoció, en diciembre 2000, una línea de crédito de $ 39.700 millones (disponible en enero de 2001) que, si bien estabilizó la crisis inmediata, no resolvió los problemas que causaron la crisis ni generó la reactivación económica.

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Si bien el FMI exigió a Argentina adoptar una reforma de las leyes laborales y de la seguridad social, promover la competencia en los monopolizados sectores de las telecomunicaciones y la energía y ampliar los programas de asistencia social, la condición principal para el más reciente acuerdo con el FMI era, una vez más, reducir el déficit fiscal mediante la disminución de los gastos y el aumento de la recaudación fiscal.

El nivel de déficit acordado se flexibilizó otra vez. Para el 2000, el nivel de déficit se elevó de $ 4.300 millones a $ 5.300 millones, para el 2001 se amplió a $ 6.700 millones, y la fecha límite para lograr un presupuesto equilibrado se extendió hasta el año 2005.

A excepción de la exigencia equivocada de que Argentina aumente la recaudación fiscal y la recomendación contradictoria de incrementar los programas de asistencia social reduciendo al mismo tiempo el gasto gubernamental, las reformas requeridas por el FMI eran razonables y convenientes. En todo caso, según los antecedentes de reformas en Argentina, era improbable que el gobierno implementara las reformas establecidas en su último acuerdo, y así fue.

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La resistencia local a la puesta en marcha de esas reformas era y es aún fuerte. Las propuestas para recortar el gasto, por ejemplo, forzaron la renuncia de dos Ministros de Economía con una diferencia de semanas entre una y otra. El Ministro José Luis Machinea perdió credibilidad y renunció el 2 de marzo de 2001, cuando se hizo obvio que el rescate de $ 39.700 millones del FMI no había podido restablecer el crecimiento económico.

Su sucesor, Ricardo López Murphy, se vio obligado a dimitir cuando los recortes propuestos (diseñados para que Argentina pudiera cumplir con los objetivos fiscales del FMI) de $ 2000 millones para el año 2001 y $2500 millones para el año 2002 provocaron la renuncia de tres miembros del gabinete y seis funcionarios del gobierno, principalmente del Frepaso, partido de izquierda que forma la coalición gobernante, así como también huelgas y protestas generalizadas por parte de los sindicatos y grupos estudiantiles.

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También encontraron una fuerte oposición los recortes de $ 3.000 millones en el gasto público que propuso Cavallo (Ministro de Economía), lo que le forzó a ser cauteloso en la adopción de reformas que son cruciales para restablecer el crecimiento económico. El plan de Cavallo establecía amplias difrencias entre los aranceles de las importaciones de bienes de capital y de consumo y creó un impuesto "hostil al mercado" sobre las transacciones financieras, que distorsionaron aún mas la economía.

La política del FMI, que consistió en la financiación continua a Argentina más allá del riesgo de una crisis ó del cumplimiento de las exigencias del Fondo, tuvo dos consecuencias negativas: la asistencia predecible del FMI indicó a los mercados que el riesgo de inversión es mitigado por los rescates del Fondo, alentando de esta manera las decisiones imprudentes de inversión (moral hazard); en segundo lugar, el gobierno argentino no tuvo incentivo alguno para reformar su economía debido a que el FMI proveía fondos sin considerar la reforma.


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Aunque la necesidad de reformas en la economía y el sistema político de Argentina no eran una novedad, la adopción de reformas drásticas implicaba un alto costo político. Por eso, los sucesivos gobiernos, evitaron la reforma y, en su lugar, salieron en búsqueda de más ayuda externa para mitigar los problemas económicos. Pero de poco han servido los 30 mil millones de dólares que el FMI le proporcionó a Argentina continuamente desde 1983 para evitar esta crisis y, peor aún, han posibilitado a los dirigentes argentinos retrasar la reforma.

Es importante es que se aproveche este caso para impulsar reformas en el modo en que las instituciones financieras internacionales (IFI) otorgan prestamos, con el fin de evitar crisis similares a la de Argentina en otros países en vías de desarrollo. La modalidad actual permite a los inversores internacionales evitar los riesgos de las malas decisiones de inversión, a los gobiernos, realizar una mala gestión de la economía y a los funcionarios corruptos, permanecer en el poder.

Si hay algo que queda comprobado a través de la crisis de Argentina, es que sin reformas económicas, políticas y judiciales, la ayuda internacional sólo sirve para prolongar el sufrimiento del pueblo en crisis.

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EN RESUMEN


Y para los que quieran culpar al libre mercado de la crisis argentina:

Los problemas institucionales y económicos de Argentina se originan en políticas ineficaces. Estas políticas incluyen altas barreras comerciales, excesiva regulación del mercado laboral, un enmarañado sistema impositivo, infinitos pasos burocráticos para iniciar un negocio o realizar tramites, restricciones financieras para que individuos y comercios usen sus fondos, controles de precios, un sistema electoral que hace que la gente no sepa quien la representa en el Congreso ni que hace esa persona con el dinero público y un estado de derecho débil.

Hace más de 10 años, cuando Argentina tenía el problema de la hiperinflación, el Presidente Carlos Menem impulsó diversas reformas de libre mercado con el fin de reducir la inflación y modernizar la economía Argentina. El pueblo argentino recibió como recompensa bienes y servicios de mejor calidad y mas baratos, una mayor productividad, una moneda estable y crecimiento económico. Sin embargo, ni el gobierno de Menem ni el de su sucesor, Fernando de la Rúa, tomaron medidas para desregularizar el mercado laboral, simplificar las regulaciones, mejorar la independencia del poder judicial, luchar contra la corrupción o disminuir las barreras comerciales.

Los cambios en Argentina suceden sólo después de una crisis.

Sin estas reformas vitales, las inversiones desaparecieron, el desempleo aumentó y, finalmente, se produjo la crisis más reciente.

Los disturbios, las protestas de la clase media, las largas colas para comprar dólares estadounidenses y los altos niveles de delincuencia son los síntomas de los problemas del país. Estos síntomas se pueden aliviar sólo mediante el fortalecimiento de la economía y una mayor independencia y transparencia del poder judicial, que es la única manera de garantizar la implementación de las reformas y la encarcelación de dirigentes políticos corruptos. Además, el gobierno debería poner fin al "pacto de coparticipación", mecanismo mediante el cual el gobierno federal subvenciona los gastos del gobierno provincial, y eliminar las rígidas leyes laborales.

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Hacer todo esto requería de un compromiso político para la reforma, no de más dinero del FMI. Sin embargo, los dirigentes argentinos eligieron politizar la crisis, haciendo que los síntomas (por ejemplo, disturbios y saqueos) parezcan ser el problema, el cual sostienen que sólo puede combatirse con ayuda internacional.